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Empresas

Ventajas fiscales de EMMA

Por: Financiero 10 Ago 2020

Un plus para la competitividad de Panamá Enfoque jurídico Darío González Martínez / Abogado corporativo Como parte de la estrategia del gobierno panameño para fomentar […]


Ventajas fiscales de EMMA

Un plus para la competitividad de Panamá

Enfoque jurídico

Darío González Martínez / Abogado corporativo

Como parte de la estrategia del gobierno panameño para fomentar la inversión extranjera y alentar la recuperación económica tras la crisis derivada de la pandemia, el Ministro de Comercio e Industrias Ramón Martínez presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 355 que crea el Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura (EMMA), el cual ya fue aprobado en tercer debate.

En primer lugar, debemos decir que para operar bajo este régimen, el propio Proyecto de Ley establece que se debe pedir una licencia ante la Secretaría Técnica del Ministerio de Comercio e Industrias y la misma sería otorgada por tiempo indefinido.

No obstante, aparte de las atractivas ventajas en materia laboral y migratoria de este proyecto, analizaremos en específico los principales beneficios en materia fiscal de EMMA, ya que este es el punto de inflexión para que un grupo empresarial tome la decisión de instalarse en Panamá.

Empezamos con el Impuesto Sobre La Renta (ISRL) -gravamen de carácter territorial aplicado a las operaciones realizadas por persona natural o jurídica dentro de Panamá-. Con esta ley, las empresas estarán exentas del pago del impuesto por 5 años contados a partir de su registro, sin embargo, transcurrido dicho periodo, deberán pagar este impuesto a una tarifa de 5% sobre los servicios prestados.

Por otro lado, si las empresas ya han pagado este impuesto en el extranjero derivado de la renta gravable generada en Panamá, deberán pagar un mínimo de un 2% en concepto de este impuesto. Esto es conocido como crédito al Impuesto Sobre la Renta.

La ley sigue refiriéndose en este mismo apartado al Precio de Transferencia, que se puede definir como el precio que pactan dos empresas para transferir entre ellas bienes, servicios o derechos.

El artículo 21 señala que se aplicará lo establecido en el Código Fiscal en esta materia. Trasladándonos a ello, se establece que este impuesto será regulado por el principio de libre competencia, el cual indica que los ingresos ordinarios, extraordinarios, los costos y deducciones necesarios para realizar esas operaciones deberán determinarse considerando el precio o monto que habrían acordado partes independientes, bajo circunstancias similares en condiciones de libre competencia.

Siendo así, ¿cómo podemos determinar esas “circunstancias similares en condiciones de libre competencia”? el Código resuelve esta interrogante en su artículo 762F imponiendo tres métodos para aplicar este principio:

Método del precio comparable no controlado: consiste en valorar el precio del bien o servicio en una operación entre personas relacionadas (un establecimiento permanente con su oficina principal y otros establecimientos permanentes), al precio del bien o servicio idéntico o de características similares en una operación entre personas independientes en circunstancias comparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia, considerando las particularidades de la operación.

Método de costo adicionado: consiste en incrementar el valor de adquisición o costo de producción de un bien o servicio en el margen habitual que obtenga el contribuyente en operaciones idénticas o similares con personas o entidades independientes.

Método de precio de reventa: consiste en sustraer el precio de venta de un bien o servicio, el margen que aplica el propio revendedor en operaciones idénticas o similares con personas o entidades independientes o en su defecto, el margen que personas o entidades independientes aplican a operaciones comparables.

Regresando a la ley, el segundo párrafo del artículo 21, establece que este mismo régimen de precios de transferencia se aplicará a cualquier operación realizada entre una empresa que tenga licencia de empresa multinacional manufacturera con otra que sea residente fiscal en otra jurisdicción o que se encuentre en Zona libre de Colon, Panamá Pacifico, Ciudad del Saber o cualquier otra zona franca establecida o que se cree en el futuro.

Por su parte, el artículo 22 regula el Impuesto de Dividendo y Complementario e Impuesto a las Sucursales. El primero, se refiere a las ganancias obtenidas que se reparten entre los socios y el segundo, a las sedes que mantengan las empresas. Todos estos apartados, según el propio articulado, expresan que las empresas quedarán exentas del pago de estos impuestos, lo cual representa una excepción muy atractiva para hacer negocios teniendo en cuenta las demás ventajas.

En cuanto a los equipos fiscales, el artículo 23 señala expresamente que las empresas poseedoras de esta licencia no estarán sujetas al uso de estos equipos, pero sí estarán obligadas a documentar sus actividades a través de facturas o documentos equivalentes que permitan al fisco la contabilidad de estas operaciones.

Recientemente el gobierno de Estados Unidos propuso a sus empresas reubicar las suyas en Latinoamérica a fin de encontrar mercados estables y más convenientes. Esta propuesta de “re-shoring” encaja con la aprobación de la Ley EMMA, que ofrecerá ventajas sumamente competitivas.

Panamá cuenta con el sistema adecuado para darle la bienvenida a los inversores extranjeros en este campo, y sin duda su aprobación hará eco en el país norteamericano.


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