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Vacunas contra la COVID-19: Libertad individual vs. obligaciones colectivas

Por: Financiero 24 Ene 2021

Los fabricantes farmacéuticos han anunciado la distribución de las esperadas vacunas contra la COVID-19 en casi todo el mundo (salvo excepciones y retrasos), noticia que esperanza a la humanidad de poder salir de esta pandemia que nos azota desde hace casi un año.


Vacunas contra la COVID-19: Libertad individual vs. obligaciones colectivas
Enfoque jurídico

Darío González Martínez
Abogado corporativo
@dariolawyer

Los fabricantes farmacéuticos han anunciado la distribución de las esperadas vacunas contra la COVID-19 en casi todo el mundo (salvo excepciones y retrasos), noticia que esperanza a la humanidad de poder salir de esta pandemia que nos azota desde hace casi un año. 

Como bien sabemos, los efectos económicos producidos por este acontecimiento son catastróficos y difíciles de revertir, pero, aun así, los gobiernos y empresarios apuntan a una recuperación lo antes posible para contrarrestar esta ola de crisis. Con la inmunización de la población mundial, se busca reducir los contagios que eviten nuevos confinamientos, crisis económicas y el   restablecimiento de la vida normal que llevábamos antes de la pandemia. 

Recientemente Panamá adquirió unas 12 mil dosis de la vacuna provenientes de la farmacéutica Pfizer que originalmente habían pactado suministrar 40 mil dosis, pero al término de la entrega, informaron que enviarían menos vacunas, ya que presentaban problemas en la línea de distribución a escala mundial.

Esto supone menos cantidades para la población y en proporción a los médicos y demás trabajadores de la llamada “primera línea” quienes tendrán que esperar el nuevo embarque para suplir la necesidad de inmunización que se mantiene en todos. 

Según el gobierno, las cantidades recibidas serán suministradas entre los médicos que deseen aplicársela, por otro lado, se ha establecido un plan nacional de vacunación dividido en cuatro fases hasta llegar a la población en general. 

En cuanto a la adquisición de las vacunas, debemos aseverar que las mismas son mediante compra directa con la farmacéutica que solicitan el 50% por adelantado del pedido para asegurar su compra, luego son canceladas en su totalidad y enviadas al país petitorio, pero surge un tema interesante en medio de todo esto: La negociación de las farmacéuticas con los Estados.

Tanto en Panamá como en otros países se ha especulado sobre estas negociaciones, pues según algunos, los contratos entre las partes son “secretos”  y está prohibido que sean divulgados, caso contrario, esto traería una acción civil a favor de la farmacéutica, por lo que los gobiernos se han abstenido de dar detalles sobre la compra de las vacunas.

Sobre este punto tengo que afirmar la abusividad en este tipo de cláusulas, pues sin haberme leído ninguna de ellas, es viable suponer que estamos frente a un escenario en donde una de las partes (las farmacéuticas) imponen a los gobiernos que se venderían las vacunas siempre y cuando les liberen de cualquier responsabilidad relacionada a muerte de pacientes, una vez les sea aplicada la vacuna, esto es una movida lógica de estas empresas, no es la primera vez que lo ponen en práctica, solamente buscan liberarse de una responsabilidad de tipo contractual atribuible, pues este tipo de responsabilidad emana precisamente de un contrato, pero mas allá, esto sería una consecuencia producida por los efectos secundarios de las vacunas. 

Al respecto, opino que se debe divulgar la contratación con las farmacéuticas para que sea objeto de análisis por la población y se determine su aprobación, pues en estos momentos de incertidumbre, se crea mucha suspicacia en el manejo de los fondos públicos por ciertos acontecimientos, que me limito a mencionar, pero, que son de notoriedad y conocimiento público. 

Sigo sosteniendo que la responsabilidad por los efectos secundarios producidos por la aplicación de las vacunas recae sobre las farmacéuticas, ya que nuestras leyes reconocen la responsabilidad proveniente de los contratos, teniendo en cuenta que las cláusulas de los mismos son de obligatorio cumplimiento entre las partes, no escapa a demandas por obligaciones que son efectivamente atribuibles a la parte que causa el daño, por lo que estamos frente a un escenario en donde podremos ejercer las acciones civiles correspondientes en contra. En el futuro, seguramente me tocará defender alguna de las posiciones en los tribunales de justicia, pero ya he dejado claro mi criterio. 

Por otro lado, el ministro de salud, Luis Francisco Sucre ha dicho que las vacunas están disponibles para quienes así lo deseen, es decir, que se establece la libertad de cada persona en vacunarse o no. En medio de todo este escenario, ha surgido el término “pasaporte inmunitario” el cual supone que toda persona que realice un viaje internacional tendrá que estar vacunado contra la COVID-19 para poder ingresar a otros países que a su vez hayan acordado esta misma condición. 

Según medios internacionales, varios Estados han interpuesto demandas en contra de Pfizer por el incumplimiento en las entregas de las vacunas, esto es completamente viable, ya que se está incumpliendo con las obligaciones pactadas en un contrato, en el caso de Panamá, señalamos que inicialmente se había anunciado que se entregarían 40 mil dosis, pero al final se entregaron solamente 12 mil, pues si se habían pactado por contrato una cantidad y no se recibe dicho encargo, se configura el incumpliendo por parte de Pfizer, pero como el gobierno tiene prohibido la divulgación del contrato, no podemos aseverar cien por ciento que así ha sido, pero sin duda ya sabemos que no se cumplió con la cantidad acordada, este es uno de los puntos que nos llenan de dudas, ya que la población no tiene acceso a la información que por Ley deben conocer, cuestionar e indagar para beneficio de todos. 

Hemos sabido de primera mano que un colega abogado ha presentado un recurso de “habeas data” el cual tiene derecho todo ciudadano de interponer en la Corte Suprema de Justicia de pedir información al gobierno sobre contratos y cualquier otra información de carácter público, lo cual busca que efectivamente el gobierno proporcione información detallada sobre las negociaciones que lleva a cabo el gobierno con las farmacéuticas para la adquisición de las vacunas, en este sentido, se debe establecer precio de las vacunas, obligaciones de las partes, fechas de entrega, responsabilidades, tribunal competente en caso de disputa, entre otros detalles que hagan el proceso transparente tal y como lo establecen las leyes administrativas competentes. 

El negocio de las vacunas tiene repercusiones positivas y negativas para la población mundial, los gobiernos deben divulgar la información necesaria sobre la compra de estas y establecer responsabilidades claramente atribuibles, para que los pacientes tengan un respaldo jurídico a largo plazo, ya que todas las vacunas tienen efectos secundarios, los cuales causan daños a veces irreversibles que deben ser reparados y resarcidos.

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