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Repercusión de las medidas de confinamiento en Panamá

Por: Financiero 03 Ene 2021

Debido al aumento exponencial en los casos de la COVID-19, el gobierno ha impuesto una nueva cuarentena a todos los ciudadanos a través del Decreto Ejecutivo 1686 del 28 de diciembre de 2020, el cual establece que a partir de las 5:00 a.m. del lunes 4 de enero de 2021, hasta las 5:00 a.m. del jueves 14 de enero de 2021, regirán estas disposiciones, y los ciudadanos solamente podrán movilizarse con el propósito exclusivo de abastecerse esencialmente de víveres, medicamentos o combustible, salvo por motivo de salud, por género y de acuerdo con el último número de la cédula en el caso de nacionales o del pasaporte para los extranjeros.


Repercusión de las medidas de confinamiento en Panamá
Enfoque jurídico

Darío González Martínez
Abogado corporativo
@dariolawyer

Debido al aumento exponencial en los casos de la COVID-19, el gobierno ha impuesto una nueva cuarentena a todos los ciudadanos a través del Decreto Ejecutivo 1686 del 28 de diciembre de 2020, el cual establece que a partir de las 5:00 a.m. del lunes 4 de enero de 2021, hasta las 5:00 a.m. del jueves 14 de enero de 2021, regirán estas disposiciones, y los ciudadanos solamente podrán movilizarse con el propósito exclusivo de abastecerse esencialmente de víveres, medicamentos o combustible, salvo por motivo de salud, por género y de acuerdo con el último número de la cédula en el caso de nacionales o del pasaporte para los extranjeros. 

Por medio de este artículo pretendo analizar la situación jurídica de todos los ciudadanos y la legalidad de estas medidas, las cuales pretenden frenar la propagación del virus, pero a su vez trae consigo otras consecuencias. 

Según el propio decreto, este se basa en los artículos constitucionales que disponen la función esencial del Estado de velar por la salud de la población, el derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud, así como la obligación de conservarla y el Código Sanitario que faculta al Ministerio de Salud y al Órgano Ejecutivo a tomar las medidas necesarias para evitar la propagación de peligros”, lo cual a nuestro juicio es contraproducente desde el punto de vista económico, ya que previamente se confinó a la población durante casi nueve meses deteniendo los medios de producción, lo cual abrió un agujero sin precedentes en la historia económica panameña. 

Todo esto sumado a la crisis mundial generada por este virus, lo cual hace más difícil la situación, tomando en cuenta que los países poderosos sufren las mismas consecuencias, y a su vez tienen las mayores fuentes de producción económica. 

Entre las garantías fundamentales violadas mediante esta medida están la de libre circulación (artículo 27 de la Constitución), derecho a congregarse y reunirse pacíficamente (artículo 38 de la Constitución), derecho a formar compañías que no sean contrarias a la moral o al orden legal (artículo 39 de la Constitución), derecho a ejercer libremente una profesión (artículo 40 de la Constitución), a presentar peticiones y quejas a los servidores públicos por motivos de interés social (artículo 41 de la Constitución), derecho al trabajo (artículo 64 de la Constitución).

De todas estas garantías violadas, nos preocupa la de poder abrir y explotar las actividades empresariales, ya que la misma va ligada con el derecho a trabajo y a la libertad de ejercer una profesión, las cuales considero han sido las más afectadas por el impacto económico que generan todas estas actividades. Un país que no mueve su economía, simple y sencillamente no generará para sí mismo los medios necesarios de subsistencia, y traerá consigo efectos altamente negativos para los ciudadanos. 

Estos preceptos constitucionales fundamentales están siendo violentados directamente generando dudas entre la población sobre su legalidad, desde nuestro enfoque consideramos que no hace falta confinar a la población, sino que se trata de un tema conciencia por la situación que estamos viviendo, pero como ya sabemos, la movilidad de las personas está restringida, y con ello se interrumpe la cadena de trabajo y producción en materia económica. 

En estos momentos hay varios recursos presentados tanto en contra del decreto que estableció la primera cuarentena en marzo del 2020 y en contra de este último decreto, los cuales no han sido resueltos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. En lo personal asumo que hasta el momento no se han resuelto estos recursos para no llevar la contraria al Ejecutivo y formar una discordia entre ambos órganos, ya que uno tiene mayor poder estatal que el otro, en este caso, el Ejecutivo tiene facultades distintas a la del judicial. 

En todo caso, como hemos señalado, las garantías fundamentales de los ciudadanos se ven afectadas, pues me suena el caso de aquella persona que tiene que salir de urgencia a un hospital a cualquier hora del día, tendría que salir de su domicilio para trasladarse al centro médico y se encuentra en el camino con un retén policial. Éstos preguntan a la persona el motivo de su movilización, y este señala que tiene fuertes dolores de cuerpo, por lo que necesita atención médica urgente, aquellos responden diciendo que no ven a simple vista que sienta tales padecimientos y que será remitido a la estación policial por violentar el decreto de toque de queda. 

Al ser trasladado, la persona sufre complicaciones y muere de un paro cardiaco, siendo así,  ¿qué sucede en este caso? ¿quién es responsable de esta muerte? Si al final esta persona efectivamente estaba padeciendo de dolores en su cuerpo, pero la autoridad policial se negó a darle paso -por el retén policial- para que se movilizara al hospital.      

En este caso en particular, se debe iniciar una investigación sobre los agentes policiales que se negaron a dar paso a esta persona aun habiendo manifestado su excusa para movilizarse, por otro lado, este decreto de movilidad sería inmediatamente demandado por ilegal e inconstitucional, para suspender sus efectos de manera inmediata debido a sus efectos adversos. 

Los efectos a corto y largo plazo de las medidas restrictivas son incalculables, tomando en cuenta los meses previos de confinamiento los cuales también afectaron severamente al sector privado dejando pérdidas, cierres, desempleo y un temor ante la incertidumbre económica que se tiene hasta el momento.

Si bien es cierto que los preceptos constitucionales disponen de la autoridad del Estado para gobernar en beneficio de los ciudadanos, se debe tomar en cuenta no solo las repercusiones sanitarias, sino las económicas, ya que si se juega por una, se debe jugar en conjunto por la otra para que haya una balanza entre ambas y se puedan lograr resultados positivos. 

En efecto, las medidas de confinamiento detienen la propagación del virus entre la población, pero así mismo detienen la actividad empresarial económica del país, teniendo como consecuencia el aumento en los despidos y el cierre de empresas, lo cual se convierte también en una pandemia, la cual no es visualizada por el gobierno. 

Considero que no se está asesorando debidamente al presidente, ya que no se toman en cuenta los efectos de estas medidas: Toda acción genera una reacción, y en este caso la reacción es una contracción económica profunda, sin signos de recuperación, sin plan piloto para aliviar los efectos.

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