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El sector salud latinoamericano desde el punto de vista jurídico

Por: Financiero 10 May 2021

La pandemia ha puesto a prueba el sistema de salud de todos los países. Hemos visto que muchos de ellos han estado saturados, debido a la alta tasa de infecciones, y a la cantidad de pacientes hospitalizados que requieren atención simultánea.


El sector salud latinoamericano desde el punto de vista jurídico
Muchas medidas sanitarias han pasado por encima de las garantías
constitucionales, aún así, el colapso no pudo ser evitado

Enfoque jurídico

Darío González Martínez
Abogado corporativo
@dariolawyer

La pandemia ha puesto a prueba el sistema de salud de todos los países. Hemos visto que muchos de ellos han estado saturados, debido a la alta tasa de infecciones, y a la cantidad de pacientes hospitalizados que requieren atención simultánea.

Todo esto es consecuencia de la poca inversión que han destinado ciertos gobiernos al sistema sanitario, el cual depende, en su mayoría, de los presupuestos del Estado; esto contrasta con los sistemas privados, que cuentan con muchas ventajas en cuanto a personal, equipo, o infraestructura.

En Latinoamérica, los gobiernos han instaurado “estados de emergencia”, a través de los cuales se suspenden ciertas garantías fundamentales consagradas en la Constitución, principalmente han limitado el derecho a circular libremente durante los “toques de queda’’. Las personas que quebranten la norma, podrían enfrentar la aprehensión personal y una multa económica.

Pero vayamos más allá: estas medidas han sido aprobadas con la finalidad de evitar los contagios del virus, y han sido recomendadas por los encargados del sector salud de muchos países.

Los gobiernos las han ejecutado, percibiendo una disminución en la tasa de contagios, pero también en la actividad económica, la cual es la base del bienestar de los ciudadanos y del Estado.

Además, los gobiernos han emitido diversas normativas de carácter obligatorio para los ciudadanos. La medida por excelencia que ha imperado ha sido la del confinamiento general: la estadía de todos en nuestras casas (como nunca antes) para evitar la socialización y el contacto, y así, evitar la propagación en masa de la COVID-19, lo que desencadenaría un colapso del sistema de salud.

Todas estas normativas han sido demandadas por inconstitucionales. A mi parecer, se han violado ciertos preceptos de la Carta Magna, los cuales son fundamentales para todos y evitan otro tipo de enfermedades, como la ansiedad o depresión, producto de estos confinamientos.

Las dificultades de los sistemas de salud públicos
La seguridad social es un gran proveedor de salud en los países latinoamericanos, beneficia a la mayoría de la población que carece de recursos para pagar un seguro privado.

En el actual contexto, existe una demanda creciente de personas que acuden al sistema público no sólo por contagios del virus, sino por otras enfermedades.

Esto agrava la capacidad de prestación del servicio y la situación del personal médico, quienes tienen una alta demanda de trabajo y se ven obligados a cumplir turnos extraordinarios para evitar el colapso del sistema de salud

Todos estos puntos explican el funcionamiento de los servicios sanitarios en nuestros países, los cuales han tenido que afrontar la situación actual sin haberse preparado.

El caso de Brasil ha encendido las alarmas mundiales, debido al poco interés del gobierno en poner en práctica las debidas medidas para evitar la propagación del virus. La consecuencia es el colapso de su sistema de salud, en el que hasta se ha tenido que sortear entre quienes se salvan y quienes no.

Esta situación inhumana se hubiese evitado, al haber tomado las debidas medidas recomendadas por los médicos expertos.
Por su parte, Colombia está experimentando una alta tasa de contagios debido a la relajación de las medidas, y las constantes protestas por el alza de los impuestos, lo cual se traduce en miles de contagios y muertes diarias.

Transparencia en los contratos de alto nivel
Las casas farmacéuticas han negociado directamente con los gobiernos las dosis de la vacuna contra la COVID-19.

Esto supone otro reto a los sistemas de salud en cuanto a la logística para la aplicación de las vacunas a los ciudadanos, la cual no sólo depende del sistema de salud, sino del mismo gobierno, que ha tenido que intervenir para apoyar y agilizar las campañas.

En este sentido, hemos notado el hermetismo entre las partes involucradas, ya que no se han revelado los detalles de los contratos pactados en cuanto a la distribución, tiempos de entrega, cantidad de dosis, costos, entre otros aspectos del proceso de vacunación.

Esto nos llena de dudas, ya que estas compras se financian con fondos públicos, y por tanto, deben ser publicadas y sometidas a análisis.

Todo este panorama nos deja ver que los sistemas de salud latinoamericanos carecen de recursos y, en algunas ocasiones, de personal especializado. En tanto, los privados tienen muchas ventajas sobre los públicos.

Por esta situación, muchos gobiernos han caído en cuenta de que deben invertir mucho más para evitar perder el control y colapsar.

A nosotros, como sociedad, nos toca aprender de esta experiencia en todos los sentidos.