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Coronavirus vs. Corrupción

Por: Financiero 27 Abr 2020

¿Cuál es más exponencial? La Fiscalía Anticorrupción, organismo que depende del Ministerio Público de Panamá, inició una investigación de oficio por supuesta irregularidad en la […]


Coronavirus  vs. Corrupción

¿Cuál es más exponencial?

La Fiscalía Anticorrupción, organismo que depende del Ministerio Público de Panamá, inició una investigación de oficio por supuesta irregularidad en la compra de 100 equipos de ventiladores ALLIED 300, para pacientes afectados por el COVID-19, en la que presume comisión de delito Contra la Administración Pública.

Un comunicado del Ministerio Público asegura que la investigación comenzó luego de revisar publicaciones al respecto realizadas en medios de comunicación locales, donde se advierte de una posible afectación al patrimonio del Estado.

De acuerdo a la información publicada, el monto total de la compra sería por el orden de 5.2 millones de dólares.

“Dentro de los actos de investigación, el Ministerio Público solicita información a otras instituciones para conocer los detalles sobre el proceso de contratación, la empresa involucrada y los funcionarios a cargo de dicha compra”, agrega el comunicado.

La investigación se realiza con base al Título X Capítulo I del Código Penal que regula las Diferentes Formas de Peculado.

El anuncio de la Fiscalía, ocurrió un día después de que el gobierno de Laurentino Cortizo dijo en un comunicado que ordenó 100 respiradores portátiles a un proveedor no identificado con costo de 48.950 dólares cada uno, un precio que, admitió, es muy superior a los entre 6.000 y 10.000 dólares que tenían antes de la pandemia, amplía un reportaje de EFE.

La Fiscalía Anticorrupción también abrió una investigación por las supuestas irregularidades en la contratación por 168 millones de dólares de una empresa extranjera para la distribución de medicamentos del Seguro Social panameño, una transacción “opaca” que se hizo en medio de la emergencia sanitaria, según denunciaron medios locales y activistas sociales.

El Gobierno se defiende

La compra de los respiradores está a cargo del Viceministerio de la Presidencia. “Los respiradores se han vuelto el bien de mayor demanda a nivel mundial. Las empresas fabricantes están conscientes de este hecho y los precios de un respirador portátil han pasado de entre 6,000 y 10,000 balboas (dólares) en tiempos de paz, a de entre 25.000 y 30.000 balboas (dólares)”, explicó por su parte la Presidencia de Panamá en un comunicado.

En el mensaje advirtió que estos nuevos costos no aseguran una entrega rápida, y que al contrario, la espera oscila entre 3 y 4 meses.

“Panamá pidió un tiempo de entrega más rápida, de 10 días hábiles. La empresa se compromete a realizar la entrega en estos tiempos a un costo de 48,950 balboas (dólares) por respirador”, informó la Presidencia, argumentando que Panamá es uno de los países con menor tasa de mortalidad en la región, y que por ello tener respiradores en el menor tiempo es prioritario para actuar estratégicamente y no colapsar respecto a la falta de ese equipo.

La Contraloría General panameña también informó en un comunicado que todavía no ha refrendado la compra y que sólo pagará respiradores artificiales a precio “justo y razonable”; que comprende que se intenta pagar una prima por entrega inmediata por la urgencia global, pero por encima de ello hay que fiscalizar para garantizar que la prima no sea excesiva ni abusiva

“Ni siquiera una situación de emergencia nos exime de la responsabilidad de salvaguardar con transparencia el buen uso de los bienes y recursos del Estado”, advirtió la Contraloría.

Centroamérica vulnerable

Las fiscalías de Honduras y Guatemala también investigan por supuesta corrupción compras públicas de insumos para enfrentar la crisis del COVID-19, en medio de alertas de varias ONG y de la sociedad civil sobre el posible uso de la pandemia para abusar de los ya de por sí limitados recursos públicos, amplía un reportaje de EFE.

La publicación asegura que Transparencia Internacional (TI) en América Latina advirtió que la corrupción puede aumentar en la región a partir de las compras y contrataciones que realizan los Gobiernos para afrontar la pandemia, y reclamó máxima publicidad de la información sobre esas transacciones y activar las agencias nacionales antimonopolio para evitar colusión entre actores económicos o prácticas que resulten en la especulación de los precios.

Guatemala destituye viceministros

El Gobierno de Guatemala oficializó la salida de dos viceministros de Salud, entre ellos Rodolfo Galdámez Orellana, investigado por el Ministerio Público porque “presuntamente era proveedor del Estado siendo funcionario” de la cartera sanitaria.

El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei anunció además en cadena nacional que una comisión presidencial encontró “una estructura” dentro del ministerio de Salud que “intentó unirse para poder cometer fraude en contra de los intereses del Estado”.

A su vez, el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade, solicitó la destitución del ministro de Salud, Hugo Monroy Castillo, ante “denuncias de adquisiciones anómalas y desabastecimiento de equipos de protección”, además de “otras acciones” durante la emergencia sanitaria.

También se investigan compras irregulares en Honduras

Además, el Ministerio Público de Honduras dijo que investiga múltiples denuncias de grupos de la sociedad civil sobre presunta corrupción en las compras que está haciendo el Gobierno para combatir la epidemia, lo que han rechazado los funcionarios involucrados en el plan estatal contra el coronavirus, ahonda EFE.

Las investigaciones comenzaron en las oficinas en Tegucigalpa de la estatal Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) estudiando las compras de emergencia realizadas por este ente, cuyo administrador, Cristian Elías Santellí, ha sido suspendido del cargo.

Otros presuntos casos de corrupción se estarían registrando en 292 alcaldías hondureñas, de las 298 que tiene el país, a las que el Gobierno recién les desembolso millonarias partidas para la compra de alimentos para familias pobres y otras necesidades ante la emergencia por el coronavirus.

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