Ver ediciones digitales
Compartir

A Fondo

¿Cómo luce Panamá ante un inversionista extranjero?

Por: Financiero 29 Jun 2020

Marhnos, desarrolladora inmobiliaria y de infraestructura social con más de 60 años en México, evalúa la opción de entrar a Panamá Jorge Guerrero / Desarrollador […]


¿Cómo luce Panamá ante un inversionista extranjero?

Marhnos, desarrolladora inmobiliaria y de infraestructura social con más de 60 años en México, evalúa la opción de entrar a Panamá

Jorge Guerrero / Desarrollador de Negocios

Comenzó con el modelo “Build to Suit”, fungiendo como desarrollador y operador del gobierno estadounidense en la construcción, operación y mantenimiento de consulados y embajadas en los años 60 del siglo pasado. Actualmente, Marhnos es uno de los principales desarrolladores de Alianzas Público Privadas en México, con presencia en Centroamérica y un gran récord de proyectos construidos y operados entre los que se cuentan escuelas, centros culturales, carreteras, hospitales y sistemas de saneamiento de aguas.

Con la promulgación de la Ley de APPs (Alianzas Público Privadas), Panamá logró captar la atención de esta empresa mexicana. El Director de Desarrollo de Infraestructura Social de Marhnos, José Manuel Fortes, define a las APPs de manera muy sencilla: “Es un acuerdo para que la prestación de servicios no asistenciales del sector público sea gestionada de manera competitiva por el sector privado, generando ahorros significativos al Estado”.

También hace énfasis en lo que no es una APP: “No es una obra. No es una privatización. No es un financiamiento.”, argumenta.

Y es que, en su experiencia, los proyectos que se desarrollan en modelos de APPs implementados de manera correcta, logran configurar ahorros monetarios para el Estado de hasta 35% durante todo el ciclo de vida de los mismos, sin contar los beneficios adicionales desde el punto de vista administrativo y de calidad hacia los usuarios finales.

“Comúnmente se mira el costo de construir una obra, pero pocas veces se mira el costo total de construir, operar y mantener la obra y el equipamiento de la misma durante 25 años”, señala.

Países como México, Chile y Brasil con su amplia experiencia y madurez en APPs han logrado desarrollar sus infraestructuras sociales con éxito a través de este modelo, explica.

“Es muy positivo que, ahora, países como Panamá, República Dominicana, Perú y Colombia adelanten esfuerzos legislativos para hacerse competitivos en esta materia. Para nosotros, los desarrolladores, es atractivo poder agregar valor brindando nuestra experiencia en este esquema, y aún más en un país como Panamá que cuenta con facilidades formidables desde el punto de vista logístico y financiero”, agrega.

En su filosofía, el concepto de APPs está basado esencialmente en aportar eficiencias administrativas “para que el servicio mensual que se le cargue al estado, resulte más barato que prestarlo por sí mismo”.

En Latinoamérica y el mundo, es común que las estructuras burocráticas de los gobiernos generen sobrecostos operativos en la prestación de servicios no asistenciales como infraestructura, limpieza, conectividad y otros, cuyos importes -que suelen pasar individualmente desapercibidos en las auditorías-, al ser totalizados y anualizados, hacen una profunda mella en la economía de cada país. Al volverse insostenible la manutención de estos costos, vienen entonces los recortes presupuestarios que generan problemas de continuidad y calidad en los servicios esenciales para la sociedad.

“La norma sobre APPs es importante porque este tipo de acuerdos público-privados comenzó implementándose principalmente para carreteras y no se aplicaba para otro tipo de infraestructuras de alto impacto social como hospitales, escuelas, etc. De modo que, para cubrir la obligación del Estado en los sectores de salud y educación, se empleaban esquemas menos eficientes”, comenta Fortes.

El empresario continúa diciendo: “En los proyectos sociales con riesgo financiero alto se hace muy útil contar con los mecanismos que ofrecen estas normas, pues la distribución de riesgos sigue un patrón en el que el Estado garantiza la planeación, permisos, ajustes regulatorios, liberación de afectaciones, servidumbres de paso, etc. mientras que los riesgos transferidos al ente privado son los de diseño, construcción, rendimiento y productividad, obsolescencia y vicios ocultos, financiamiento y operación. Cada quien aportando sus fortalezas en pro de un mejor resultado”.

En el caso de Panamá una preocupación inicial que tenía Marhnos era la exclusión de dos sectores en la legislación sobre APPs: Educación y Salud. Sin embargo, comentan, revisaron más a fondo y descubrieron que, si bien está prohibido operar la prestación directa de servicios de salud o educación a la ciudadanía, esto no imposibilita que un grupo privado preste los servicios de diseño, construcción, operación y mantenimiento de la planta física y el equipamiento necesario para ella.

“La ley fija un marco normativo que da confianza”, afirma. Un aspecto mejorable para el aprovechamiento de esta ley de APPs, es que el Estado la acompañe junto a una lista de proyectos prioritarios de infraestructura. Para ello, debe apresurarse a hacer estudios en profundidad de necesidades a resolver y medir su impacto social, generando un ranking de prioridades.

“Los entes privados podemos ayudar al Estado a acelerar esta tarea a través de la emisión de propuestas no solicitadas basadas en estudios independientes, esto podría también ser incentivado desde el Estado. Contribuiría a robustecer un marco de trabajo con certidumbre sobre el valor agregado que estos proyectos van a generar, de manera que, como inversionistas, entraríamos con mucha más confianza” señala.

Fortes asegura que la ley actual capta muchas buenas prácticas de México, Chile, Colombia y Perú, que ya coadyuvan a este marco de certidumbre. Sin embargo, considera que “las APPs son esquemas vivos que evolucionan y cambian con las nuevas realidades” por lo que requieren de una revisión periódica y actualizada de necesidades, así como mecanismos contractuales que permitan ajustes y actualizaciones a los alcances de los servicios prestados en el tiempo, sin afectar los intereses del Estado ni la calidad y oportunidad de los servicios contratados.

Al preguntársele qué le preocupa sobre entrar a Panamá, más allá de los temas regulatorios, comenta: “Una barrera que debe superar Panamá cuanto antes, es el déficit de personal calificado para operar el valor agregado final de estas grandes inversiones sociales”.

Por ejemplo, expone, el Estado debe promover la formación y contratación de personal a su cargo para atender a la población, trátese de médicos, enfermeras o docentes, de forma que puedan aprovechar la infraestructura y el equipamiento desarrollados por los entes privados en los nuevos hospitales y en las nuevas escuelas para dar un servicio de calidad a la comunidad a la que sirven, a un mejor costo para el Estado. “No hacer esto iría en detrimento de la utilidad social de estas inversiones. La insuficiencia de personal capacitado debe mitigarse por distintas vías, con planes de muy corto, mediano y largo plazo”, responde.

Para una incursión en el mercado panameño, Fortes considera esencial desarrollar alianzas con actores locales e incluir programas de capacitación en aquellas áreas que lo requieran.

Además, invita con optimismo a Panamá a seguir abriéndose al mundo y a construir un espacio de desarrollo regional dentro de sus fronteras. Considera que, hoy más que nunca, debemos fortalecer capacidades de integración y desarrollo en nuestros países. “Panamá tiene todos los instrumentos para construir una gran historia durante los próximos años. Si a algo debemos temer es a la incompetencia, no a la competencia. Panamá puede aprovechar cada día más su plataforma, atrayendo capital, experiencia y talentos. La ley de APPs es un muy buen comienzo”, remata Fortes.

Algunas experiencias de Marhnos en APPs

Conectividad terrestre:

Puente Internacional Reynosa
“Anzaldúas”, Tamaulipas

Alcance: Construcción, operación, mantenimiento, conservación y explotación de la vía concesionada que comprende el puente Internacional Reynosa, McAllen.

Plazo de concesión: 30 años.
26 meses de construcción, 28.5 años de operación, mantenimiento y conservación.

Inicio de operaciones: 15 de diciembre de 2009

Infraestructura Pública

Ciudad Judicial de Oaxaca.

Alcance: Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento y Conservación de 102,000 m2 en 13 edificios, más 182,100 m2 en estacionamientos, plazas, áreas verdes y servicios.

Plazo del contrato de prestación de servicios: 15 años
18 meses diseño y construcción, 13.5 años de operación, mantenimiento y conservación.

Inicio de operaciones: 15 de diciembre de 2009

Calidad del agua

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Tangamanga y PTAR Norte, en San Luis Potosí.

Alcance: Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento y Conservación de proceso biológico de lodos activados (SBR) y Proceso biológico a base de lagunas aireadas facultativas.

Plazo de concesión: 15 años

Inicio de operaciones: Agosto de 1998.

Operación Vial

Operación de la autopista
Palín-Escuintla, en Guatemala
.

Alcance: Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento y Conservación de 2 carriles adicionales de la autopista “Escuintla-Puerto Quetzal” (tramo de 42km en concreto hidráulico).

Plazo del contrato de prestación de servicios: 25 años
18 meses diseño y construcción, 23.5 años de operación, mantenimiento y conservación.

Inicio de operaciones: 27 de mayo de 1997

LEE MÁS CONTENIDO
¿QUÉ TEMA TE INTERESA?