A FONDO

Trabajo doméstico: precariedad al desnudo

Pandemia revela grandes vulnerabilidades de quienes ejercen este oficio

Redacción El Financiero (Con Información de EFE)

En Latinoamérica y el Caribe el 93% de los entre 11 y 18 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico son mujeres. La gran mayoría carece de un contrato o de acceso a la seguridad social y ahora, con la pandemia de COVID-19, sufren más abusos laborales o despidos sin remuneración.

“A pesar del Convenio 189” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece normas laborales para los trabajadores domésticos y que han firmado 16 países de América Latina y el Caribe, el doméstico “sigue siendo un trabajo informal en la región”, alertó la directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María-Noel Vaeza.

Vaeza participó junto con altos funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y de sindicatos, en un conversatorio virtual moderado por la directora gerente de la Agencia EFE, Rocío Reinoso.

La directora regional de ONU Mujeres habló de la necesidad “de fomentar la formalización del trabajo doméstico” y de “eliminar las discriminaciones tramposas” que afectan a este sector.

Un informe que recoge datos de ONU Mujeres, de la OIT y de la Cepal indicó que el trabajo doméstico supone en promedio entre el 14.3% y el 10.5% del empleo de las mujeres en la región, y que una parte de ellas son migrantes o afrodescendientes.

Más del 77.5 % de las mujeres que trabajan en el empleo doméstico en la región operan en la informalidad -en Centroamérica y el Caribe superan el 90%- y sus ingresos son iguales o inferiores al 50% del promedio de todas las personas ocupadas.

El impacto a las trabajadoras domésticas


“La COVID-19 expone de una manera brutal” las vulnerabilidades que afectan a los trabajadores del hogar, afirmó en el conversatorio virtual el director regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinicius Pinheiro.

Puso como ejemplo que la primera víctima confirmada de COVID-19 en su Brasil natal fue una trabajadora doméstica de 63 años, afrodescendiente y aquejada de diabetes y obesidad, quien fue contagiada por sus empleadores que habían estado de viaje en Europa.

“Ahora es más fuerte el llamado para que se ratifique el Convenio 189 y se implemente lo que está allí establecido”, afirmó Pinheiro, que tildó de fundamental que “al trabajo del hogar se le considere un servicio esencial”.

Aunque es un “gran logro” que en la región 16 países hayan ratificado el convenio o cambiado su legislación, “hay una brecha enorme todavía que hay que llenar en términos de derechos. Ese es el desafío que tenemos ahora y la COVID-19 ha exacerbado esas diferencias”, destacó.

Y en medio de la pandemia, o al menos hasta que haya una vacuna, hay que cambiar la forma en que se desarrolla el trabajo doméstico, para lo que es necesario diseñar protocolos específicos que garanticen la seguridad tanto de la empleada como del empleador.

“Este es un gran desafío y para ello es necesario que haya formalización” del trabajo doméstico, agregó el alto funcionario de la OIT.

La crisis por la COVID-19 llega cuando las trabajadoras domésticas se encuentran en “condiciones muy desventajosas”, alertó la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH).

Una encuesta de la FITH aplicada entre el 15 de abril y el 25 de mayo vía electrónica en 14 países a 2,650 trabajadoras domésticas reveló que el 49% fueron despedidas o suspendidas sin sueldo, y que solo el 13.8% se encuentra en cuarentena remunerada.

Un 14.2% trabaja con reducción de horas o han tomado vacaciones anticipadas, mientras que un 23.1% sigue trabajando en condiciones normales, aunque hay testimonios de que son forzadas a quedarse en el hogar del empleador por temor a que se contagie en la calle, lo que afecta su disfrute del descanso.

Para el 92% de las trabajadoras del hogar su empleo es el único o principal ingreso familiar, afirmó la especialista-colaboradora de la FITH, María Elena Valenzuela.

La secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, dijo que la “cultura del privilegio y la desigualdad” en la región hace que las “trabajadoras domésticas hayan sido las más castigadas por este modelo”, y pidió un cambio de mentalidad.

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