GOBIERNO

Viceministro García acusa falsificación

Fiscalía investiga presunta corrupción en compra de insumos

El viceministro de la presidencia de Panamá, Carlos García, asegura que una auditoría iniciada en su despacho ha detectado la circulación de información falsa en redes sociales sobre supuestas compras de insumos y equipos médicos por el Ministerio de la Presidencia.

García dice -a través de un boletín de prensa- que dicha información está siendo utilizada para confundir a la población por lo que invitó al Procurador General de la Nación a que inicie una investigación de oficio por la posible falsificación de documentos públicos.

“Falsificar documentos públicos es un delito, por lo tanto, invitamos al Procurador General de la Nación a iniciar una investigación para determinar la posible comisión de un delito por publicación y falsificación de documentos públicos para lo cual tiene las puertas abiertas del Ministerio de la Presidencia”, destacó.

García mostró varios documentos en lo que se refleja que fue alterada la firma del ex viceministro de la Presidencial Juan Carlos Muñoz y además se alteraron los montos de una supuesta compra de mascarillas por 12 millones de dólares, entre otros documentos alterados que enseñó en la conferencia.

“Hasta el momento el Ministerio de la Presidencia no ha formalizado ningún contrato ni ha pagado ni pagará, reiteró, un solo dólar por compra de equipos que no cumplan con los controles señalados. El total pagado por el Ministerio de la Presidencia en compra de equipos con fondos de emergencia es de cero dólares”, señaló el viceministro.

El viceministro anunció que se activará una mesa de evaluación y análisis de compras para establecer criterios y filtros con el fin de garantizar que toda solicitud de transferencia de fondos desde el Ministerio de la Presidencia para otras entidades cumplan con los requisitos mínimos de sustentación.

Indicó que toda solicitud de transferencias de fondos por las instituciones públicas ante el Ministerio de la Presidencia debe estar sustentada por informes técnicos de auditoría de los profesionales de cada entidad.

Investigaciones de compras estatales

Por su parte, el fiscal general de Panamá, Eduardo Ulloa sostuvo que el Ministerio Público ha abierto varios expedientes sobre supuestas irregularidades en las compras directas que está haciendo el Gobierno en el marco de la crisis de la COVID-19, así como en la ejecución de programas de ayuda social, según reseñó EFE.

El caso más llamativo es el de la compra a precios exorbitantes de unos respiradores para pacientes graves de COVID-19, que se sigue investigando pese a que la transacción se vio frustrada por el retiro de la oferta de la empresa y la renuncia del funcionario a cargo, el ahora exviceministro de la presidencia Juan Carlos Muñoz.

“Se investiga para determinar si hubo o no un delito” recordó el fiscal general, que precisó que la averiguación es en torno “al acto de contratación” y las pesquisas determinarán “la vinculación de funcionarios” con las presuntas irregularidades, si es que las hay.
En todo caso, dijo Ulloa, en el marco de esta pandemia “no es que esté prohibido que el Estado contrate”, pero la emergencia sanitaria “no es óbice o excusa para que se lesione el patrimonio de Estado”.

Así, el Ministerio Público investiga además un contrato de la Caja del Seguro Social con una empresa extranjera por 168 millones de dólares, otro para la compra de mascarillas por el Parlamento y la posible corrupción en la entrega de bonos y bolsas de comida a los sectores más golpeados por la crisis del nuevo coronavirus.

“No se imagina la cantidad de videos que nos llegan” con denuncias de supuestas irregularidades en la entrega de un bono de 80 dólares mensuales y de bolsa con alimentos básicos no perecederos que distribuye el Ejecutivo como parte del llamado plan Panamá Solidario, aseveró Ulloa.

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