ECONOMÍA

Plomo en el ala

Despilfarro en gasto público de América Latina representa 4.4% del PIB regional

América Latina y el Caribe (ALC) necesitan fortalecer los mecanismos de gobernanza e integridad para mejorar la calidad y la implementación de las políticas públicas, reducir la corrupción y aumentar la confianza pública en el gobierno, según explica un artículo basado en la tercera edición del informe Government at a Glance: América Latina y el Caribe 2020, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Los gobiernos de la región no han aprovechado hasta ahora las oportunidades que ofrece el auge económico para garantizar que el crecimiento sea sostenible y verdaderamente inclusivo, según el estudio. La productividad no ha mejorado significativamente, mientras que la desigualdad, a pesar del progreso económico, sigue siendo muy alta, ya sea que se mida en términos de ingresos u otros resultados a nivel de bienestar.

El estudio también señala que los ciudadanos están en gran medida insatisfechos con los servicios públicos. mientras las inversiones en infraestructura y educación parecen ser insuficientes. En general, el acceso a los servicios públicos y la calidad de éstos varía mucho y quienes pueden costearlos suelen optar por proveedores privados. Además, en la región existe la percepción generalizada de que la política y los mercados están amañados.

El estudio asegura que los indicadores muestran que ALC continúa enfrentando desafíos en el diseño y aplicación de políticas públicas que promuevan la buena gobernabilidad y sociedades inclusivas. “A fin de mantener un crecimiento inclusivo, la región debe seguir impulsando reformas del sector público que promuevan la estabilidad fiscal y la equidad para todos. La mejora de la integridad del sector público y la lucha contra la corrupción deben ser el núcleo de esos esfuerzos”, añade Emilio Pineda, Jefe de la División de Gestión Fiscal Municipal del BID.

Incluso cuando se introducen las políticas correctas, su aplicación suele ser superficial y no es capaz de traducirse en la práctica y provocar cambios. Las causas pueden ser normas informales que prevalecen sobre las instituciones oficiales, intereses personales que se oponen a una aplicación efectiva, soluciones copiadas de otro país pero que no responden al contexto, o la falta de mano de obra o de liderazgos debidamente capacitados.

Entre las claves del estudio figuran las siguientes:


Integridad del sector público: La publicación muestra que el financiamiento político está fuertemente regulado en la región de América Latina y el Caribe. En general, la calidad de la regulación del financiamiento político ha mejorado en América Latina; a menudo es incluso más fuerte que en los países de la OCDE. Sin embargo, en términos generales, las regulaciones existentes a menudo no se aplican de manera efectiva. Además, según el estudio, las regulaciones sobre los gastos de campaña de los partidos políticos o los candidatos; están menos difundidas que en los países de la OCDE, lo que crea incentivos para que las campañas políticas aumenten los gastos y busquen financiamiento de fuentes de dudosa procedencia. En cuanto a la reglamentación de las actividades de cabildeo, las regulaciones están surgiendo mayormente en la región, con Perú, Chile, México y Argentina a la cabeza.

• Transparencia: En América Latina la calidad jurídica de las leyes sobre el derecho a la información es, en promedio, más fuerte que en los países de la OCDE. Sin embargo, los ciudadanos de América Latina a menudo no confían o simplemente no saben cómo involucrarse y cómo obtener información pertinente y creíble.

• Responsabilidad social: La región muestra una creciente conciencia en cuanto a las políticas de datos de libre acceso con Colombia, México, Brasil y Uruguay, que cuentan con las iniciativas de datos de libre acceso más avanzadas de la región. El estudio revela que todos los países de la región han adoptado algunas medidas para integrar la intervención de los interesados en su proceso de formulación de normas. Por ejemplo, han adoptado requisitos oficiales para realizar consultas cuando se elaboran reglamentos subordinados. Los países también establecieron, en diversos niveles, metodologías para la participación de los interesados, incluidos períodos mínimos y documentación de apoyo para las consultas.

Empleo en el sector público: Los países de América Latina y el Caribe se enfrentan al apremiante desafío de profundizar la profesionalización de su administración pública. Los datos presentados en la publicación muestran que, si bien el sector público en los países de América Latina y el Caribe tiende a ser comparativamente pequeño (el 12.3% del empleo total en América Latina y el Caribe frente al 21.2% en los países de la OCDE), el empleo público en varios países de América Latina y el Caribe no se basa en los méritos. Además, el empleo en el sector público suele estar compuesto por trabajadores poco preparados, protegidos por estrictos acuerdos laborales contractuales, y por gerentes nombrados en función de sus afinidades políticas. Muchos líderes y partidos políticos de la región están utilizando la administración pública para crear redes de clientela con fines electorales. Por consiguiente, si bien existe un amplio acuerdo sobre la necesidad de reformar la administración pública, hay intereses políticos en mantener el status quo.

• La contratación pública: Los sistemas de contratación pública de la región han avanzado considerablemente para permitir una mejor rendición de cuentas y mitigar los riesgos de corrupción. Los países de América Latina han avanzado en la puesta en práctica de mecanismos de contratación electrónica que, entre otras cosas, mejoran la transparencia y la eficiencia de las contrataciones públicas. Sin embargo, la región todavía tiene que avanzar en sus esfuerzos por incorporar la contratación pública en los procesos generales de gestión financiera y presupuestaria del sector público y en la prestación de servicios, lo que podría conducir a una mejor utilización de los recursos públicos.

Reformas gubernamentales: La región se enfrenta a deficiencias de coordinación en el gobierno central, lo que dificulta la incorporación y la aplicación efectiva de las políticas de integridad en todas sus entidades públicas.

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