A FONDO

CAF insta a nuevo enfoque en políticas públicas en América Latina

Luis Alberto Sierra

Con la mente puesta en la idea de que la corrupción no es una causa perdida, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) presentó el pasado 12 de diciembre, en Panamá, su más reciente informe para atacar el problema desde la raíz.

El enfoque vale la pena considerarlo, si se tiene en cuenta que, la incidencia sobre la corrupción en América Latina y el Caribe es ligeramente mayor que en el resto del mundo, y mucho mayor que en regiones más desarrolladas, de acuerdo con el Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2019) de CAF, titulado “Integridad en las Políticas públicas: Claves para Prevenir la Corrupción”, presentado en un hotel en Ciudad de Panamá.

El análisis reconoce que la percepción ha sido, en parte, alimentada por varios casos resonantes que han salido a la luz pública, en los últimos años, en la región y que frente a esa situación los países han estado haciendo reformas.

Lucía Meza representante encargada de CAF en Panamá, observó que frente a las reformas que han emprendido los gobiernos en Panamá, para enfrentar la corrupción, el documento busca aportar a esa agenda en marcha, para promover la integridad de las políticas públicas de este país de América Central y a nivel regional, mediante la implementación de instrumentos legales para la sanción judicial de la corrupción, así como las inversiones que permitan mejorar las capacidades y la transparencia en la función pública.

Recomendaciones

El trabajo de CAF observa la importancia de establecer una agenda de integridad que contemple acciones en cuatro ámbitos.

Precisa que, se requiere utilizar reglas y control en la función pública; fomentar mecanismos transparentes de entrada a la política y a los cargos públicos; proveer información de calidad para el monitoreo ciudadano; y mejorar las regulaciones para controlar la influencia de los intereses de empresas y particulares, en las decisiones del Estado.

Gustavo Fajardo, economista en jefe del CAF, recomendó en el caso de Panamá, avanzar en la lucha contra la corrupción, aumentar los niveles de transparencia en la toma de decisiones, adoptar algunas recomendaciones, en cuanto al acceso a base de datos, que permitan a la ciudadanía conocer mejor la acción del Estado, además de mejorar el acceso a canales de reclamo, combatir el clientelismo y hacer seguimiento a las denuncias, entre otras.

Las medidas podrían beneficiar a los cerca de cuatro millones de habitantes de Panamá que enfrentan incertidumbres en cuanto a la transparencia en la administración pública; permitiendo una distribución más equitativa de los recursos y, en particular, frente a la falta de certeza en la aplicación de justicia.

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